El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas Universitarias. Esta norma es la culminación de la reforma para permitir la modernización de las universidades españolas y situarlas en pie de igualdad respecto a los mejores sistemas universitarios del mundo.
El texto aprobado establece una estructura más flexible y abierta de la enseñanza superior, con tres niveles (Grado, Master y Doctorado), que permite el progreso de los estudiantes sin que ninguna decisión cierre el camino de su formación. En consecuencia, y gracias a esta flexibilidad, se mejorará el rendimiento académico universitario.
El Real Decreto establece una importante novedad para las universidades porque, por primera vez en la historia, serán ellas las responsables de diseñar y proponer los planes de estudios que consideren más atractivos y acordes con sus recursos e intereses. Se facilita así el camino hacia la especialización de las universidades y su plena adaptación a las necesidades y opciones formativas de su entorno.
Con todo ello, el nuevo modelo permitirá formar de manera más eficaz a los mejores profesionales y aumentará la capacidad de respuesta de las universidades a las demandas de la sociedad.
Mecanismos de garantía
El Gobierno establece, asimismo, importantes mecanismos de garantía de la calidad de la enseñanza superior. Los planes de estudio serán evaluados por la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) antes de su implantación. Además, todos los títulos deberán pasar una evaluación cada seis años para renovar la acreditación de su calidad.
La estructura en tres niveles y la utilización del crédito europeo posibilitará que los nuevos títulos sean comparables con los de los 46 países que forman el Espacio Europeo de Educación Superior que España está contribuyendo a construir.
Respecto a los estudiantes que cursan sus estudios de acuerdo con el sistema hasta ahora en vigor, el Real Decreto garantiza la total validez de las enseñanzas. Por tanto, todos los estudiantes y titulados conservan plenamente sus derechos a efectos académicos o profesionales.
El Gobierno ha distribuido, dentro de sus programas de apoyo para facilitar a las universidades adaptarse a esta reforma, un total de siete millones de euros en el ejercicio 2007.